Germán Rama: La democracia en Uruguay (1987)

La democracia en Uruguay

Rama, Germán. La democracia en Uruguay. Cuadernos del Rial, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1987. Páginas. 79-82; 86-100; 158-174.

VI. La crisis de una sociedad hiperintegrada

1. La interpretación de la sociedad civil y el estado

Los efectos de la crisis económica en que se sumergió progresivamente el país desde fines de los años cincuenta se hacen sentir menos, inicialmente, debido a que se echa mano al capital preexistente, a las reservas monetarias, al endeudamiento internacional, a los recursos de capitalización de los seguros sociales y al incremento de la ocupación estatal redundante. La inflación, producida por las luchas de los grupos sociales por una masa de bienes y servicios en reducción, también logra inicialmente dar a los grupos la ilusión del dinamismo. Los problemas que reclaman una revisión de orientaciones y un análisis de la nueva forma de inserción del país en la economía internacional, son percibidos como de responsabilidad externa (relaciones de intercambio, limitación "natural" de los mercados) o como posibles de solucionar modificando los precios relativos, con las consiguientes transferencias de la industria a la ganadería, del sector productivo al financiero, del sector estatal al privado, de los asalariados a los empresarios y viceversa, para luego volver a empezar. El país asistía con sorpresa a su propia crisis, sin un análisis crítico de su modelo de desarrollo y del proyecto societal vigente, y en consecuencia sin poder elaborar alternativas.

Inicialmente no parecía haber una nueva generación "parricida". Los jóvenes universitarios interrogados hacia 1960 sobre si le tenían que reprochar algo a la generación de sus padres, no encontraban qué — salvo dimensiones de educación sexual. Cuando se les preguntaba cómo concebían su futuro, se lo imaginaban muy similar al de sus padres. Los obreros y los asalariados que habían recibido gratificaciones en el período precedente se habían acostumbrado a una imagen de protección del Estado, y no tenían motivos para querer cambiarla.

Los ganaderos reclamaban, como siempre, más ingresos, y rechazaban toda discusión sobre su ineficiencia productiva que no se explicara por los precios; los otros grupos, cada uno en su ámbito, presentaban comportamientos similares.

Todos ellos consentían con el sistema democrático, con las fórmulas de acuerdo, con los mecanismos de presión organizada o individual para el logro de los propios fines; cuando se trataba de postular reformas estructurales, el supuesto general era que se aplicarían a otro grupo social.

Por una parte, se había producido una "sacralización" de las instituciones y de los valores sociales (A. Solari, 1967), a lo que se puede agregar la necesidad de lo sagrado en una cultura laica, que por serlo sacralizaba su propia identidad colectiva de nación democrática, para luego hacer de ella un rito; los mecanismos de integración de la política, de la educación y la participación reforzaban la situación descripta. Por otra parte, y dado que un cambio estructural hubiera significado ruptura de instituciones y valores, los actores sociales transformaron una oposición que giraba en torno a los fines societales en una oposición basada en los medios operacionales de funcionamiento del sistema político.

No se trataba de una sociedad cuyo desarrollo quedara bloqueado por el empate entre opciones irreconciliables y en que la no acción fuera el resultado de que ningún grupo social lograba derrotar a su o sus adversarios; en lugar de empate hay statu quo. En la lógica de esa sociedad no había opciones que significaran la destrucción de un adversario social a costa de la ruptura del sistema, ni tampoco proyectos de transformación global de la estructura. No había, salvo en pequeños grupos, opciones de instaurar una sociedad socialista o fascista; ni de establecer una economía totalmente abierta o totalmente cerrada; ni de reducir drásticamente el gasto educativo o de lanzar una ofensiva de avance mediante la educación, ni de desnacionalizar el sector empresarial público o de establecer grandes empresas tecnológicamente dinámicas a cargo del Estado, etcétera.

Un inventario de la crisis y las posibles alternativas para salir fue presentado por un conjunto de técnicos, que en la emergencia se incorporan al Estado, en la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. La propuesta que formularon partía de reconocer que existía el acentuado conservatismo y un excesivo ideal de seguridad, y proponía "reformas fundamentales mínimas, (...)" (E. Iglesias, 1966). La propuesta era viable y uno de sus mayores méritos consistió en apoyarse en los valores existentes para lograr modificaciones sin crisis; sin embargo, no existió ni partido, ni grupo, ni clase social que la hiciera suya, porque no existía proyecto alternativo ni capacidad de instrumentarlo por parte de los grupos organizados. A pesar de ello, la opinión de los sectores sociales más integrados o más ilustrados fue reconocer la urgencia de cambios.

El sistema político ingresó a una etapa de acción continua de compromisos entre fracciones y partidos, entre sectores de actividad económica y entre grupos sociales, exacerbando los mecanismos corporativistas de la sociedad y transformándose a sí mismo en un mercado de negociación de los diferenciados grupos de la sociedad civil.

Ésta, en progresivo desarrollo, sin espacios de acción propia ante un Estado que todo lo regía y todo lo articulaba por la intermediación política, "invade" al Estado. Se mantiene el acuerdo sobre las bases del sistema social, pero se incluye en él una variada y contradictoria lista de aspiraciones, en el supuesto que, al ocupar el espacio del Estado, el desarrollo se produciría automáticamente. A un Estado sin proyecto correspondía una sociedad que concebía el desarrollo como un dato externo a la sociedad misma.

El ciclo iniciado con el proyecto innovador en que una élite política creó la sociedad desde el Estado, finalizaba con una sociedad que pasaba a controlar el Estado con un conjunto de reivindicaciones particularistas, más propias de la ilusión de la política que de la política misma; controlaba el Estado, en lugar de una élite, una burocracia política que insistía en negociar cuando ya no tenía medios materiales ni simbólicos con qué hacerlo.

"Cabe preguntarse — decía A. Solari, 1967— si esa voluntad de moderación y de mediocridad, en las condiciones del Uruguay del mundo contemporáneo, no terminará en el suicidio". (… ).

3. El estado como mercado de la política

Los partidos tradicionales, por su carácter de identidades históricas con adhesiones emocionales, por su naturaleza multiclasista, y también por la capacidad que demostraron para articular la sociedad y asegurar un estimable bienestar, tenían y tienen una base político-electoral incuestionable. Sin embargo, lo ya dicho sobre ausencia de nuevos proyectos y estrategias, al igual que el privilegiar mecanismos de reducción de tensiones, acentuaron en el bipartidismo dominante tendencias que van a incidir en la crisis del sistema político y en la pérdida de legitimidad del mismo:

a) Las divisiones entre los subpartidos y grupos que contienen los dos partidos tradicionales se acentuaron en este período. En 1962 los partidos Colorado y Nacional presentan 17 y 53 listas, respectivamente, en Montevideo y 146 y 204 en los 19 Departamentos del país; en 1966 las cifras en Montevideo fueron de 23 y 56, y en el país de 230 y 229.

b) En un país con estrangulamiento creciente del mercado de trabajo, con incongruencia entre los derechos sociales teóricos y los que realmente podían conseguir los ciudadanos, se exacerbó la política del clientelismo. La antigua institución de formación política — el club— se transformó en la generalidad de los casos en una institución que prestaba servicios sociales a sectores de la población que no podían comprender la compleja maquinaria del Estado, o que reconocían que sin esa intermediación no podrían hacer efectivas sus aspiraciones (G. W. Rama, 1971). Otros sectores medios se vinculan directamente con políticos para el logro de sus objetivos45.

La creación de empleo público era una forma de descomprimir la presión social; otra fue el incremento de los retiros jubilatorios (reducción del número necesario de años de trabajo, bonificaciones especiales a quienes se jubilaron, etc.), cuyo otorgamiento efectivo en un lapso breve dependía en buena medida de las relaciones políticas del aspirante46.

c) La importancia creciente de los mecanismos de clientelas en la obtención de votos influyó en el aumento de subgrupos y en la "elevación" de los agentes de reclutamiento electoral a rangos de representantes locales o nacionales, lo que a su vez disminuía la capacidad técnica y de opciones del elenco político.

d) Las dificultades económicas y las crecientes tensiones sociales comenzaron a erosionar el consenso, afectando los sectores medios y la capacidad de los partidos tradicionales para establecer una política de centro. Por una parte, las tendencias hacia el conservatismo y posteriormente hacia alternativas autoritarias como solución a la crisis, crecieron en significación en el seno de los partidos, lo que es paralelo a la búsqueda de líderes externos con un prestigio mayor que el de los profesionales de la política. Por la otra, se constituyeron dentro de los partidos tradicionales candidaturas autónomas, apoyadas por sectores progresistas que posteriormente se desplazarán hacia el espectro de la izquierda, ajeno a los partidos tradicionales: primero los agrupamientos populistas, y luego los de centro izquierda, que constituyeron en 1971 el Frente Amplio. Finalmente, en el caso del Partido Nacional se manifestó ya en 1971 un nuevo tipo de discurso de reforma estructural y su correspondiente liderazgo, lo que sólo llegará con el Partido Colorado después de la dictadura, y con una dispersión mayor.

45 Entre 1955 y 1969 los empleados públicos pasaron de 166 mil a 213 o 244 mil según las fuentes y aun en el primer caso serían el 26 % de la PEA. En el período no se habían creado empresas públicas, aunque sí se registró un importante incremento de .los servicios sociales y educativos. (A. Solari y R. Franco.).

46 Carmelo Mesa Lago, 1985, en el cuadro 66 informa que los jubilados y pensionados eran en 1960, 276.000 y ascienden en 1969 a 451.000, mientras que la cifra de activos cotizantes al seguro social desciende de 1.077.000 a 1.035.000.

e) La capacidad de articulación social del sistema político se deterioró progresivamente por falta de medios económicos y de imágenes de un objetivo de desarrollo y sociedad en el largo plazo, necesarios para establecer un acuerdo social (G. W. Rama, 1969 b).

La competencia electoral fue muy aguda, y se puso de manifiesto que ciertos sectores del electorado desplazaban sus opciones, y eran suficientemente voluminosos como para determinar los resultados. La capacidad de intervención en las decisiones de los grupos con poder económico se incrementó en forma proporcional a la mayor administración estatal de la economía y a los ciclos de crisis, devaluación e inflación; más aún, desde fines de 1967 se instalaron grupos económicos en el aparato gubernativo y administrativo superior (C. Real de Azúa, 1971). Paralelamente, los obreros, los asalariados, los técnicos y los estudiantes ingresaron a un ciclo de movilizaciones progresivas, disputando ingresos conjuntamente con los empresarios para que el sector económico al que pertenecían continuase su actividad, para evitar el deterioro de los salarios, para obtener determinados beneficios sociales o para lograr mayores recursos para los servicios técnicos o educativos en que actuaban.

Se produjo así una situación en que las demandas no se canalizaban a través del sistema político, sino que se reflejaban en métodos sindicales de lucha adoptados por los sectores medios. Este "crescendo" de extremismo en las operaciones de presión se aplicaba a lograr objetivos cada vez más reducidos. En la medida en que el proceso político precedente implicó la desvalorización de los objetivos de cambio estructural, y en que las corrientes izquierdistas, para ampliar su esfera de influencia, acogieron como "populares" las distintas reivindicaciones sociales sectoriales, los mecanismos de presión incrementaron su capacidad de hostigar al Estado sin que ello representara un proyecto de cambio social (G. W. Rama, 1966).

f) Los partidos políticos tradicionales y el sistema de compromiso social, que tenían su ámbito predilecto en el parlamento, son desplazados progresivamente en la dirección social. "Si las clases medias han devenido «clases de apoyo» y si han perdido buena parte de esa capacidad de negociación — dice Carlos Real de Azúa— es porque el personal político mismo, proveniente también de ellas, perdió parte de su rol"47.

Pensamos que existe una circularidad entre ambos fenómenos. Los partidos tradicionales, y luego la totalidad del sistema político, entraron en crisis y fueron desplazados por la dictadura militar debido a ciertos rasgos del propio sistema social mesocrático. En la medida en que éste se expandió siguiendo pautas humanísticas y diluyendo opciones y oposiciones, en el marco de una hipótesis de ampliación indefinida de un Estado burocrático de bienestar, instauró una lógica de la sociedad incompatible con una lógica del desarrollo.

Juntamente con su representación política, entró en crisis la grata sociedad de bienestar relativo, de búsqueda de la seguridad, de relaciones democráticas, de escaso espíritu competitivo (en el sentido Schumpeteriano) protegida de las irrupciones del capitalismo externo, que negó la oposición y el conflicto como expresión de las clases, los grupos estratificados y las ideologías, y que para mantener tales alternativas apoyó a un sistema político de acuerdos, coparticipaciones, indefiniciones e irresponsabilidades políticas.

Por una parte, la representación política se ritualizó en elecciones de partidos que ya no eran tales, con resultados imprevisibles por la división entre subgrupos ubicados en opciones progresivamente irreconciliables y por la falta de una coalición coherente capaz de gobernar con un determinado objetivo. Por otra parte, siguiendo líneas demarcatorias que nada tenían que ver con el ritual político, estalló la propia sociedad civil en cuanto tal. Los grupos diferentes en cuanto a su poder económico, su condición laboral y de opinión, se disputaban el espacio vacío de una política sin proyecto.

En forma inorgánica, la sociedad civil asaltó al Estado. La mayoría de los grupos lo hizo con meras reivindicaciones particulares y sin concebir otro sistema social que no fuera el democrático, ya ritual; otros aspiraban a un modelo de ajuste y acumulación que era incompatible con la democracia, y estaban a la espera de los refuerzos de autoridad que lo hicieran viable; en el otro extremo la alternativa subversiva, con un proyecto públicamente incierto, pero con evidente adhesión mesocrática, renegaba de las distintas formas tradicionales o izquierdistas de la política y descreía del sistema democrático.

La sociedad civil ocupaba el espacio político — que antes habían acaparado las mediaciones de los partidos políticos tradicionales. Obligaba a un Estado — de tamaño, poder (y ahora ineficiencia) enormes— que no había sabido reconocer la transformación, favoreciendo la creación de espacios que le fueran propios. Al mismo tiempo, esa sociedad civil estaba a punto de sufrir el mayor desgarramiento de su historia, que pondría en duda hasta su supervivencia como sociedad nacional.

47 Carlos Real de Azúa, 1971, pág. 191.

4. Las discrepantes representaciones culturales y políticas de las clases medias

El incremento de las clases medias, así como la naturaleza de su composición interna estuvieron desde la industrialización estrechamente asociados a la educación y al tipo de mercado en que se insertaron.

Para atender sus demandas se expandieron los liceos, a pesar de que el logro del egreso de la primaria de casi todos los niños recién ocurrirá en los años ochenta (CEPAL, 1985 b), con currículos humanistas propios del modelo francés de preguerra. No hubo orientación hacia las ciencias y las matemáticas, ni incorporación de la tecnología en dicho modelo en la inmediata postguerra; la visión humanista mantuvo un carácter clásico. En historia se dedica más tiempo a la antigüedad que a las etapas moderna y contemporánea. El siglo XX es desconocido para los educandos, no se conocen las estructuras económico-sociales, ni el relato histórico nacional (que finaliza de hecho en el siglo XIX) ni el latinoamericano que se suspende tras la independencia, ni el mundial, que en el mejor de los casos llegaba a la Primera Guerra, en la generalidad a la Revolución Francesa y los inicios de la primera revolución industrial.

La llamada enseñanza técnica (de ingreso postescolar) seguía siendo de aprendizajes manuales, con equipamientos antiguos y orientaciones de cursos que no se corresponden con la industrialización sino con la artesanía. A ella acuden fundamentalmente alumnos del interior — donde no existía casi industria— y de hogares populares de Montevideo que no lograban ingresar al liceo. Los alumnos eran en gran proporción mujeres, y necesitaban urgentemente capacitación laboral (Ministerio de Instrucción Pública, 1965).

La Universidad siguió dominada por un modelo de facultades y de cátedras. Desde fines de los años cincuenta comenzó un desarrollo de carreras intermedias, para los servicios terciarios, la creación y reforzamiento de institutos de investigación en el área social y de unos pocos pero significativos en ciencias agrológicas, matemáticas, hidráulica, etc. Sin embargo, estos hechos no modificaron las tendencias de matrícula, fuertemente concentrada en las carreras de derecho, medicina y administración económica (Instituto de Ciencias Sociales, 1961; Oficina de Planeamiento de la Universidad de la República, 1968).

La orientación de la enseñanza era paralela a un proceso de industrialización sin investigación ni desarrollo tecnológico, a una agricultura cuyo desarrollo estuvo cifrado en la mecanización, a un Estado que no creó cuerpos técnicos para llevar a cabo sus nuevas actividades y que desjerarquizó los existentes por aplastamiento de la pirámide salarial (C.

Filgueira, 1970) y por carencia de oportunidades de utilización de conocimientos, dada la falta de proyectos de inversión; finalmente también era paralela a un empresariado que en todos sus niveles era de bajo nivel educativo o carecía de especificidad profesional para las actividades productivas a que se dedicaba.

(… ) Mientras el mundo cotidiano de lo burocrático se fue haciendo progresivamente más insatisfactorio con la caída de ingresos y la mediocridad de actividades que no se regían ni por competencia ni por objetivos (clima que está recogido en la obra literaria de M.

Benedetti), la capacidad ociosa se volcó en la creación teatral y literaria, en el consumo de espectáculos, cine de arte y publicaciones animadas de una conciencia crítica (A. Rama, 1969). Montevideo se transformó así en una ciudad de sofisticado y desproporcionado nivel cultural en relación a su población48, mientras que en el resto del país la menor calidad de la educación y la falta de cambio en los pequeños centros urbanos expulsó hacia la capital a los más cultos, o bien los reabsorbió en un tradicionalismo y desinformación pertinaces.

La segunda orientación de las masas educadas se manifestó en intentos realizados por los sectores renovadores de la Universidad de modificar estudios con el fin de hacerlos aptos para enfrentar los problemas de transformación del país; de promover investigaciones sobre las estructuras económicas y sociales, y de crear un dinámico polo de investigación agrológica.

La Universidad comenzó a ocupar en muchos campos los espacios de la acción estatal en investigación y desarrollo; en otros transfirió al Estado parte de sus equipos técnicos, como ocurrió al realizarse el "inventario" de problemas y la presentación de una estrategia de desarrollo por parte de la CIDE. Pero también fue arrastrada tanto desde adentro como desde afuera por la polarización y desagregación sociales y las iniciativas se desvanecieron en la crisis financiera y política del país (B. París de Oddone y otros, 1984).

La orientación de protesta se inició en filas intelectuales y universitarias. Comenzó con el enfrentamiento entre demócratas y terristas en los años treinta, se amplió en una postura que de ser antifascista pasó al desencanto respecto del modelo soviético y a la asunción de una tercera posición entre el capitalismo y el comunismo. Tras buscar paradigmas en el mundo afroasiático, en el espíritu de Bandung, se ancló en una conciencia latinoamericanista a la que había permanecido ajeno el Uruguay, a excepción de las voces del intelectualmente destacado semanario Marcha. Esa conciencia se vinculó con el desencanto ante la finalización del ciclo de desarrollo interno, y el viejo fantasma de la dudosa viabilidad del pequeño Uruguay se hizo realidad en los escritos de una parte significativa de la "intelligentsia" uruguaya. Esta promovía como alternativa la integración ideológica y cultural en una identidad latinoamericana, la que serviría de sustento a una efectiva integración económica (C. Quijano, 1984; R. Ares Pons, 1961).

El desencanto y la frustración comenzaron a ganar ciertas capas mesocráticas de formación intelectual. El discurso de éstas, que anteriormente se emitía desde la segura posición de uruguayos a un mundo en lucha por la constitución de las naciones, la democracia y un socialismo opuesto a la explotación y el imperialismo, cambió de tono y expresó su alarma ante la crisis de la sociedad uruguaya. (… ).

En los años sesenta y comienzos de los setenta, época del mayor ciclo de desarrollo de Japón y Europa y de expansiones de las economías y de las estructuras sociales de la mayoría de los países latinoamericanos (ICI-CEPAL, 1984; E. Faletto y G. Rama, 1984), los intelectuales uruguayos, reflejando el sentir de las clases medias, hablaron en términos de crisis, de la posibilidad de un fascismo uruguayo (C. Rama, 1969a), del inmovilismo como quiebra del Uruguay (A. Methol Ferré, 1971), de la creciente dependencia económica y financiera del país (L. A. Faroppa, 1969 b).

48 La enumeración de expresiones culturales es muy amplia, Basta como testimonio indicar la calidad intelectual —comparable con las mejores publicaciones europeas o de Estados Unidos— del Semanario Marcha y el dramático llamado de su director Carlos Quijano a enfrentar la crisis; la cuantiosa producción de libros por editoriales culturales, el nivel universitario de las colecciones semanales sobre distintos temas que se vendían más que los diarios (de calidad escasa); el papel de los cine clubs que promovieron un público cinematográfico selectivo y un teatro no comercial con alrededor de 20 salas pequeñas con logros de calidad evidente.

La sociedad uruguaya y en especial sus clases medias y obrera y sus grupos intelectuales y políticos sufrieron una crisis de identidad, ante la cual hubo una serie de respuestas.

Una primera partió del movimiento estudiantil. Desde fines de los años cincuenta se comenzó a registrar una progresiva separación entre Universidad y gobierno, y entre universitarios y políticos. La primera dejó de ser el centro de formación de las élites del sistema bipartidista, por lo menos en cuanto a establecer una concepción de apoyo del accionar político; éste era denostado en las asambleas estudiantiles, y las corrientes políticas de la izquierda, más independientes que de partidos, llegaron a ser dominantes en la definición de líderes estudiantiles y docentes. (… ).

El movimiento estudiantil, aunque de filiación izquierdista, no era "brazo" de ningún partido; al no representar a ningún grupo social en particular, tuvo en determinados momentos una enorme capacidad de convocatoria. (… ).

Frente al quietismo del Estado y a la escasa capacidad de movilización social del sistema bipartidista, el movimiento estudiantil representó la movilización en un estado puro. La movilización así provocada, inicialmente convocó a un amplio espectro de la sociedad50.

Luego se proyectó y desencadenó un movimiento de estudiantes secundarios, que expresaron una rebeldía ante una sociedad en la que no tenían futuro y que negaban radicalmente (R. Copelmayer y D. Díaz), y a un acercamiento con el movimiento obrero, pero no exento de problemas cuando se trataba de la relación individual entre estudiantes y obreros51.

5. El papel del movimiento sindical

Una segunda respuesta ante la crisis de identidad fue la del movimiento sindical, que comenzó a tener creciente gravitación al profundizarse la crisis económica en la década de 1960.

(… ) Entre las características más relevantes (del movimiento sindical en el Uruguay) cabe indicar las siguientes:

a) El movimiento sindical, en comparación con el del resto de América Latina es de antigua data. Ya en 1905 se constituyó la Federación Obrera Regional Uruguaya, FORU, y desde entonces se registraron significativas huelgas por salarios, reconocimiento sindical y jornada de 8 horas, que movilizaron las mayores concentraciones obreras de la época (ferrocarriles, tranvías, puertos). Sin embargo, su desarrollo cuantitativo a lo largo del siglo estuvo afectado por: i) la intensa movilidad social registrada hasta los años 1960, que hacía de la condición obrera una posición social no permanente y debilitaba así la participación en las organizaciones sindicales; ii) la débil concentración empresarial en la industria y el predominio de la ocupación en talleres y pequeñas empresas, lo que dificultaba tanto la organización como la movilización; iii) el papel del Estado en cuanto empresario que concentraba una parte considerable de los trabajadores, en condiciones sociales superiores a las del sector privado hasta los años 1960, y en situaciones de estabilidad laboral y de mecanismos de negociación con elencos políticos, todo lo cual mantuvo a ese sector asalariado relativamente separado de las organizaciones sindicales del sector privado52; iv) la temprana terciarización de la ocupación, que disminuyó la participación porcentual de los obreros en la masa asalariada y, junto con los mayores ingresos y jerarquía social de los empleados, dificultó una acción conjunta de ambas categorías hasta que el deterioro de las condiciones sociales de estos últimos promovió la adopción de las prácticas sindicales y la unión con los sindicatos obreros.

50 En 1958 las huelgas y manifestaciones por la ley orgánica de la Universidad —que ampliaba la autonomía y consagraba el cogobierno de profesores, estudiantes y egresados— incorporan los grupos sociales más diversos que se suman a este conflicto específico como forma de manifestar su protesta ante el comienzo de la regresión económica y social.

51 "Por nuestra parte —dice un estudiante de ingeniería— pesan dos tipos de complejos: el de superioridad que nos "hace fruncir la nariz"ante la idea de ir a hablar con personas menos ilustradas; y una derivada de aquel que nos impide encontrar el lenguaje apropiado para dialogar con los trabajadores (...) el problema es dar con la real escala de valores que maneja el obrero (...) el problema (es) dialogar con alguien diferente (con el que) no ha encontrado el idioma común". Otro estudiante dice: "Sentimos, casi al tacto diría, esa sensación de desprecio que a veces expresan los trabajadores ante una manifestación nuestra: aquéllos con conciencia de clase y sentimiento proletario, nos califican de burgueses. Los menos concientizados, nos dicen hijos de papá..." (C. Bañales y E. Jara, págs. 88-89).

b) El movimiento sindical mantuvo una total autonomía en relación al Estado y a los partidos políticos tradicionales.

En la etapa del proyecto innovador, Batlle y Ordóñez y su partido desarrollaron el concepto de la necesaria y conveniente organización del sindicalismo como forma de contrarrestar el poder del capital y promover el progreso social. La legitimación del sindicalismo no fue acompañada de su integración o sumisión a dicho partido. A pesar de las vinculaciones entre ambos — expresadas, por una parte, en la abundante legislación social del período (incluyendo la temprana proposición de ley de jornada de 8 horas en 1906) y en la defensa de los "agitadores" sindicales53 por parte de Batlle, y por otra, en la adhesión electoral a su partido de parte de los sectores obreros organizados— el concepto dominante fue que el sindicato era una organización reivindicativa y no una expresión política, y menos aún partidista (D. Arena,1932; C. M. Rama, 1969). En cuanto al Partido Nacional, durante las cinco primeras décadas del siglo, sus posiciones ideológicas — propias del paternalismo de los hacendados— son contrarias, cuando no conflictivamente opuestas, al sindicalismo.

La autonomía en relación al Estado y la ausencia de leyes que lo regulen distinguen la evolución del movimiento sindical uruguayo de la de sus similares de muchos países latinoamericanos, y aún en mayor medida de los países comunistas; la ausencia de filiación a un partido en ejercicio del gobierno lo separa de la tradición europea de unión partido socialdemócrata-sindicato, cuya mayor expresión es el laborismo inglés, o de situaciones latinoamericanas como la del peronismo argentino o la del PRI mexicano.

c) Sin embargo, la mayor parte de los dirigentes sindicales tuvo afinidades ideológicas y vinculaciones estratégicas con partidos y grupos de izquierda (G. D’Elia y A. Miraldi, 1985), lo que se acentuó en el período de la crisis de la sociedad uruguaya.

Lo paradójico y peculiar del caso uruguayo es que la masa asalariada elegía en condiciones de garantías y libertad, a una dirigencia izquierdista mientras en las elecciones nacionales respaldaba mayoritariamente a los partidos tradicionales. Esta incongruencia se transformó, en el período de la crisis, en uno de los puntos de tensión del funcionamiento del sistema social, e incidió en los rasgos de "ingobernabilidad" que comenzó a manifestar el sistema político, en la medida en que las luchas sindicales por el ingreso adoptaron técnicas de lucha cada vez más radicales y los partidos tradicionales posturas más conservadoras. (… ).

52 La primera gran movilización de obreros y empleados de empresas y organismos descentralizados del Estado se realizó en 1959. Cfr. H. Rodríguez.

53 "Porque esos llamados agitadores son los que despiertan al obrero de su letargo, son los que dan vida a sus latentes aspiraciones de mejoramiento..." "Por otra parte, limitar, en general, la acción de los agitadores, no sólo es limitar la sociedad, es limitar el progreso..." "Y agitadores son y serán en todas partes los que se levanten contra el criterio dominante para señalar rumbos nuevos." "Los movimientos sociales que provocaron las agitaciones obreras contemporáneas, son también largamente elaborados después de muchos infortunios... de la condición inferior del proletariado, originada no por brutales imposiciones políticas, pero sí por injustas prepotencias económicas" (Diario El Día — del presidente Batlle y Ordóñez— artículos "Las huelgas", "Los agitadores"y "Alrededor de las huelgas", Montevideo, 16, 19 y 21 de junio de 1905).

VII. Internacionalización y rupturas en la sociedad uruguaya

2. El ciclo de la internacionalización y la irrupción de la violencia

La alta capacidad de sobrevivir, en un largo ciclo de decadencia, de las instituciones y de los valores políticos, de las formas de expresarse culturalmente, y también la continuidad de los estancados u obsoletos mecanismos de producción, ponen de manifiesto la fuerza de la integración nacional. Esta integración llega al límite de maneras de ser, pensar y hacer tan coherentes, que no dejan paso a las tensiones productoras de cambios; en consecuencia, puede hablarse de una sociedad hiperintegrada.

Aunque el país estuvo culturalmente abierto a lo internacional, los mecanismos de protección de los mercados influyeron sin duda en la falta de innovación y en que no surgiera un empresariado dinámico. La forma de pensar sobre la sociedad posiblemente no cambiaba porque la lógica que ella misma había creado no permitía pensar los problemas sino de acuerdo a determinadas pautas y tradiciones. (… ).

Mientras tanto se producía la internacionalización del mundo. En lo económico, había un desarrollo vertiginoso del comercio internacional y de las empresas transnacionales; se difundía la tecnología madurada en la postguerra hacia los países de industrialización más reciente, así como las pautas consumistas en toda América Latina. En lo social se registraban procesos diferentes. En América Latina, África y Asia los procesos de liberación nacional y socialismo popular se oponían a los de implantación de un capitalismo oligárquico, muchas veces, con respaldo de la URSS y de China, o bien de EE.UU., según el caso. En las sociedades europeas modernas — democráticas, de bienestar social y tecnológicamente avanzadas— se afianzaba la impronta de la social democracia, aunque la dirección política fuera demócrata-cristiana o conservadora moderna. A través de todo ello se estaba procesando el enorme cambio científico cuya maduración tecnológica domina el presente, y en las ciencias sociales y en la ideología se sometía a discusión el viejo pensamiento del siglo XIX — que presidió la acción del siglo XX— a la luz de los nuevos conocimientos teóricos y de las enseñanzas que aportaban las nuevas formas de organización de las sociedades modernas y la emergencia de las postindustriales.

Las élites de la sociedad uruguaya hiperintegrada no fueron capaces de promover y procesar cambios ni en la economía ni en la sociedad, ni de establecer mecanismos de apertura a lo positivo de la internacionalización mediante estrategias compatibles con la fuerte identidad social existente. Sólo fueron incorporados aquellos conflictos y opciones que se correspondían con una visión demasiado simplificada y no específica para la sociedad uruguaya: a una estereotipada imagen latinoamericanista, el arsenal ideológico de la teoría de la seguridad nacional y así sucesivamente.

De esta forma la internacionalización irrumpió, pero impulsada por grupos ajenos a las corrientes centrales de la sociedad y cuya socialización había sido realizada o en el exterior o bien a través de ideologías desarrolladas en el marco de otras experiencias sociales. Tales ideas eran cualitativamente distintas a las que tradicionalmente habían presidido el debate en la sociedad uruguaya, y la estructura de esta última hacía poco probable su implantación de no mediar una alta coerción. El resultado fue un período de anomia en el que se desagregaron los nexos de sociabilidad.

Las normas internalizadas en los individuos dejaron de corresponder a las impuestas desde el Estado por un violento y sofisticado aparato represivo o a las que pretendía imponer el mesianismo violentista. El "suicidio altruista" encarnado en el comportamiento de jóvenes militantes y la desvinculación con la sociedad en nombre de un proyecto individual, mediante la emigración a otros países, fueron algunas de las respuestas de una sociedad en crisis.

La primera ideología proveniente del ámbito internacional era la de la acción foquista, alimentada en la experiencia cubana y latinoamericana, y adaptada en estrategia y representación cultural a la sociedad uruguaya. La segunda era la doctrina de la seguridad nacional y de la guerra interior, aprendida (junto con sus metodologías) en los centros de formación de los Estados Unidos, por los militares uruguayos que acudieron masivamente a ellos en los años previos al golpe militar.

Un tercer aspecto de la internacionalización, esta vez en el plano económico-social, fue el de la acción de elencos tecnocráticos vinculados al poder militar. Consistió en promover una nueva forma de inserción económica internacional del país que implicó, no sólo el comienzo de transformación de la estructura económica, sino también un ciclo de movilidad social descendente y de reducción de la diferenciación social preexistente, no exenta de descalificación de sus recursos humanos. La nueva articulación internacional realizó lo productivo con control nacional de la producción; en cambio, en lo financiero inició la transnacionalización del país.

Las dos últimas ideologías se entrecruzaron, sin una integración coherente, y pudieron llevarse a la práctica a partir de una dinámica de Estado contra sociedad. Las relaciones entre Estado y sociedad han sido consideradas a lo largo del texto como el eje de la explicación de la evolución de la sociedad y la democracia uruguayas. En la etapa del proyecto innovador el actor fundamental fue el Estado, y su objetivo fue constituir e integrar la sociedad nacional en forma paralela a la constitución de clases sociales relativamente integradas por vigorosos mecanismos de movilidad social, para lo cual los medios fueron de una parte el desarrollo y la modernización social y tecnológica y de la otra la creación de un sistema político democrático.

En la etapa de la imitación del modelo, el Estado repitió aproximadamente objetivos y medios, consolidando como resultado la sociedad civil; ésta, en sus espacios más modernos, era ya autónoma en relación al Estado, mientras que en sus espacios tradicionales seguía dependiente de él, lo que generaba una interacción que movilizaba y provocaba reacciones tanto en la sociedad como en el Estado. Sin embargo, éste, en la medida en que carecía progresivamente de recursos y de proyectos, utilizaba a la sociedad tradicional para controlar a la moderna y creaba mecanismos que permitían al sistema político ser el contralor y mediatizador de todos los procesos sociales. En la etapa de la sociedad hiperintegrada — en cuanto a pautas culturales— y desagregada por la sustitución de proyectos colectivos por intereses grupales, ella fue el actor que tuvo por objetivo transformar al Estado en un mercado de interacción de las demandas contradictorias y progresivamente opuestas entre los grupos que la componían. Apelaban como medios al sistema político, transformado en pura correa de transmisión de demandas, y a la transformación de clases y grupos sociales en grupos de intereses y de presión, en un proceso que tuvo como resultado una apariencia de distribución y modernización social y una realidad de estancamiento y ausencia de proyectos de desarrollo.

Finalmente, en la etapa de la internacionalización, la ruptura mayor se produjo entre la sociedad y el Estado. La integración entre ambos fue abruptamente disuelta por la "privatización" del Estado impuesta por la corporación militar y los grupos ideológicos y de capital asociados con ella. El Estado dejó de ser una representación de lo colectivo para ser el instrumento de los objetivos de esos grupos — presididos por una especie de "fundamentalismo" ideológico— y de sus intereses privados, legitimados porque eran presentados como medios de la transformación de la sociedad. Esta fue percibida de acuerdo a la "metáfora de la sociedad enferma" (F. Delich) que requiere de la intervención y la cirugía para eliminar el "cáncer" que la destruye.

Tanto los grupos que controlaban el Estado como los que aspiraban a dominarlo — siendo su contrapoder por el momento— construyeron cada uno un poder coercitivo con el cual doblegar a la sociedad y tratar de imponerle una nueva orientación. El poder y la pura ideología — poco importa el grado de estructuración de la misma— pasaron a ser las variables dominantes de una acción que desjerarquizó el discurso y la intención de convencer que fueron precisamente el patrimonio común de grupos del sistema y del antisistema precedentes.

3. La lógica de la violencia tupamara

La revolución cubana despertó en los grupos movilizados e intelectuales, especialmente de Montevideo, una norme adhesión, que se manifestó en actos multitudinarios, comités barriales de apoyo, etc. En una transformación de la tradicional preocupación nacional por los procesos externos, ciertos grupos internalizaron la ideología de la acción directa y la aplicaron al país.

Posteriormente, el fracaso de la experiencia populista del Partido Socialista y la capacidad del Partido Comunista de mantener una orientación sindical reivindicativa poco permeable — a pesar de las declaraciones favorables a la guerrilla en América Latina— a métodos foquistas, determinó la constitución de varios grupúsculos (en sentido cuantitativo) que asumieron como principio de su acción la vía revolucionaria, de tanto prestigio en América Latina en los años sesenta. No se trató de una respuesta a determinantes socioeconómicos ni de una reacción ante restricciones a la acción política, como ya ha señalado C. Real de Azúa, sino de una intención ideológica de romper con los métodos de cambio político practicados por la izquierda y establecer un desafío, "un estímulo compulsivo que llevara violentamente a cada componente de la sociedad, al modo de un gran psicodrama colectivo, a un examen y revisión de sus más íntimas, menos formuladas actitudes respecto al orden vigente"99.

En una primera dimensión, hubo una búsqueda de un actor de clase social no incluido en el sistema, y que por ello estuviera en condiciones de emprender una lucha frontal contra el mismo. Tal vez por la experiencia cubana, o más aún por la "construcción intelectual" de un actor social no contaminado por la integración capitalista y reformista (R. Debray), o bien para lograr establecer una articulación de clase (inviable en Montevideo), las primeras acciones de masas se realizaron con trabajadores agrícolas del extremo norte del país sujetos a una explotación cuya realidad sorprendió al Montevideo movilizado, aunque no fuera inferior a la condición de los minifundistas agrícolas del sur. Así se introdujo el olvidado tema de la lucha por la tierra100.

En una segunda dimensión, hubo escaso interés por la postura ideológica, o más aún (se diría) un rechazo intencional al discurso, a las discusiones programáticas, una "nota antiintelectualista y antidoctrinaria bastante acentuada"101 en respuesta a la sociedad declarativa e inactiva, y en especial a la izquierda. La propia sociedad uruguaya se preguntaba qué postulaban los tupamaros; los manifiestos de éstos eran escasos, y sus contenidos incluían elementos de denuncia del sistema en nombre de sus valores declarados, consignas reivindicativas populares y conceptos más o menos vagos respecto a lo que para ellos era una sociedad revolucionaria. El predominio de la acción (como brazo armado de las luchas sindicales o antiautoritarias) se confirmaba en que la más difundida de sus publicaciones era un relato de las acciones guerrilleras (Actas Tupamaras).

99 C. Real de Azúa, 1971, pág. 237.

100 La heteronomía que preside la movilización del proletariado de la caña de azúcar se expresa en su primer manifiesto: "Todo parecía tranquilo, porque los gringos mal acostumbrados prevalecidos, abusando de nuestra ignorancia no pagaban los salarios mínimos (...) se reían de las leyes uruguayas (...). Entonces llegó un hombre a Bella Unión. Era un estudiante de abogado (...) y apareció por los cañaverales. Este hombre se llamaba Raúl Sendic. El nos abrió los ojos; nos explicó nuestros derechos, y gracias a él nos agremiamos y presentamos a los gringos nuestros reclamos" (M. Rosencof, pág. 112).

101 C. Real de Azúa, 1971, pág. 243.

En una tercera dimensión, hubo acción subversiva en el ámbito urbano. Una inicial "violencia cortés", con inteligente organización de sus golpes, con acentuación de críticas morales mediante la demostración de la existencia de fraudes y operaciones ilegales en los circuitos de poder económico, y con resistencia al poder arbitrario del gobierno aplicando la contracara de sus métodos de encarcelamientos, juicios y coacción, evolucionó necesariamente hacia una violencia sangrienta de "golpe por golpe", hacia los ajusticiamientos escasos, pero de terrible repercusión en una sociedad con enorme respeto por la vida, y también hacia una crisis de valores entre los mismos adherentes, como lo apuntan los testimonios literarios (C. Martínez Moreno, 1981). La duda sobre la validez de los métodos de violencia parece haberse extendido a quienes controlaban el aparato militar tupamaro, como aparece en las declaraciones de quienes estuvieron presos hasta 1985: justifican las acciones como una contraviolencia forzada por la violencia estatal102.

Los tupamaros eran predominantemente jóvenes, tenían una proporción de mujeres sin precedentes en los partidos, y una primacía de personas provenientes de clases medias, sin desmedro de la presencia menor de sectores populares no encuadrados por el sindicalismo ni por la izquierda partidaria.

Esos rasgos tienden a confirmar la crisis de integración precisamente en las clases que habían sido el eje social del modelo, al igual que el papel de una concepción ideológica y de la acción con precedentes externos a la sociedad uruguaya.

Lo anterior tiende a narrar y ordenar conceptualmente el proceso, pero queda fuera una compleja experiencia psicosocial que explicaría el impacto del MLN en la sociedad, tanto en los sectores que les fueron afines como entre los que mantuvieron las distancias, e incluso entre aquellos que les eran radicalmente opuestos. De cierta forma su existencia creó un imaginario colectivo. En una sociedad burocratizada y de aspiraciones mediocres emergía el romanticismo de la acción que invocaba como principio el colectivo nacional. Ante un Estado enfrentado a la sociedad y ante una sociedad desagregada en grupos movilizados por reivindicaciones específicas, los tupamaros se presentaban como una representación colectiva que actuaba a nombre del pueblo para liberarlo de un Estado alienador. Más aún, las escasas precisiones ideológicas y el desconocimiento de quienes eran los integrantes confería legitimidad a sus acciones contra los "enemigos del pueblo" que eran percibidos como los obstáculos a la libertad y al bienestar colectivo. Utilizando análisis aplicados al proceso de la Revolución Francesa, se puede decir que también en este caso "el pueblo es definido por sus fines, adición indistinta de las buenas voluntades: por este mecanismo, que excluye la representación, la conciencia revolucionaria reconstruye un social imaginario (...) funda una sociedad a través de un lenguaje: lo que se llama una nación (...) transforma ipso facto a los individuos aislados en un ser colectivo, el pueblo, erigido al mismo tiempo en legitimidad suprema y en actor imaginario único de la Revolución".103 La crisis había afectado una identidad colectiva de sociedad que a través de su sistema político constituía nación y Estado. El Estado se separaba de la nación, desvalorizaba al sistema político y se proponía desagregar la sociedad mientras que en ésta se debilitaban sus nexos de solidaridad y una movilidad estructural descendente producía un reordenamiento jerárquico de los grupos. Ante ellos los tupamaros podían simbolizar la fusión de los grupos en la nación, la recuperación por ella del Estado; el logro de la justicia en nombre de los valores fundamentales de la sociedad y la encarnación de una unión simbólica de individuos atomizados.

Todos los elementos del mito social estaban dados para lograr adhesiones en sectores de clase media relativamente intelectualizados — maestros, empleados y fundamentalmente jóvenes estudiantes. El mito ocupó un espacio vacío en una sociedad que por su propio laicismo había sacralizado un colectivo que en esa etapa se encontraba en plena disolución.

102 Periodista: "¿Cree usted que el camino por el que optó el MLN en la década del 60 fue correcto? ¿Cuál es su balance de aquellos años y de la suerte corrida por el MLN? Raúl Sendic: "Hay que ubicarse en aquella época. Las manifestaciones populares eran reprimidas a tiros y hubo muchos muertos en ellas, el Gobierno puso a varios partidos fuera de la ley, los huelguistas eran militarizados y llevados a campos de concentración. Esa no era la democracia, por lo menos no era democracia para todos, los presidentes de la época no eran demócratas y se sacaron la careta cuando apoyaron a la Dictadura (Pacheco y Bordaberry), Fue contra todo eso que luchamos nosotros usando los métodos que se usan contra lodo despotismo, que han usado siempre los uruguayos contra el despotismo" (Jaque Nº67).

4. La lógica de la violencia militar

Los militares constituían una categoría profesional de origen social medio-bajo, predominantemente provincial, con formación intelectual y técnica progresivamente disminuida en relación a los avances educativos del país, con bajo status y pobre imagen social: carecían de función técnica, dado que en principio era imposible un conflicto militar con los gigantescos países vecinos. Actuaban como una burocracia que administraba los cuarteles; el sistema político los excluía de las decisiones de la administración del Estado e incluso de las empresas públicas. A la marginalidad que la sociedad les imponía correspondía una visión militar de rechazo (cuando no de resentimiento) frente al sistema político y a la dimensión cultural, y de enfrentamiento con la movilización social que desbordaba al Estado.

En los años sesenta se retiraron las últimas promociones formadas siguiendo patrones militares franceses y de acuerdo al concepto de que la función de fuerzas armadas de un pequeño país era la defensa de una soberanía -que pudiera ser afectada por el "desborde" militar de un país vecino -y que se identificaba con la legitimidad institucional y la democracia.

Mientras tanto, desde los años cincuenta las nuevas generaciones completaban sus estudios en los centros de Estados Unidos, absorbiendo ideologías anticomunistas que se complementaban en los años sesenta con las teorías de la seguridad nacional y del enemigo interior.

Estas ideas se fusionaron con ideologías de cuño franquista, obsoletas en Europa pero muy activas en la Argentina (J. F. Marsal) y en sus cuadros militares, con componentes católicos, antiliberales, antimarxistas, que aspiraban a un retorno a la sociedad anterior a la democratización y la industrialización104.

Si bien las Fuerzas Armadas coincidían en el enfrentamiento a la subversión y al comunismo (Junta de Comandantes en Jefe, 1976), es difícil concebirlas como portadoras de esa única ideología. Había sectores democrático-institucionalistas, otros más reducidos con simpatías por el modelo de intervención de las fuerzas armadas peruanas, otros más dispuestos a luchar contra la corrupción económica de acuerdo con un sentimiento anticapitalista que en algunos tenía toques de antisemitismo; finalmente había individuos y grupos que rechazaban por razones éticas los métodos de torturas y de violación de derechos humanos. A lo largo del proceso de la dictadura estos últimos son eliminados de los rangos o tienen que optar por la obediencia a la espera de condiciones más favorables para manifestarse. Tanto la diversidad de opiniones como las posibles instancias ulteriores para expresarlas fueron favorecidas desde el pasado por una organización interna que no posibilitaba la concentración interna del poder ni el caudillismo militar, y hacia el futuro por el mantenimiento de un poder colegiado y de normas de retiro por antigüedad.

103 Francois Furet, págs. 45 y 48.

104 La más coherente explicitación de ese pensamiento por un representante de las Fuerzas Armadas figura en Julio R. Soto, 1975.

Las fuerzas armadas incrementaron su poder en virtud de las funciones que asumieron en la lucha contra los tupamaros en el año 1971 y de las prerrogativas legales que les fueron conferidas por el parlamento al votar en abril de 1972 el estado de guerra interna. Sin embargo, el dominio del poder tal vez no hubiera sido posible si no hubiera mediado, por una parte, la aceptación e incitación de los grupos de poder económico (consideraban a los militares un mal necesario) y por la otra el objetivo golpista del presidente Bordaberry, enfrentado progresivamente a la mayoría del parlamento.

El golpe se produjo entre una primera insubordinación militar en febrero de 1973 y la disolución del parlamento, el 27 de junio del mismo año105. Este último — que inicialmente había cedido espacios, considerando posiblemente que así se evitaría el golpe de Estado— se opuso posteriormente al desborde militarista y a las torturas, en especial a través de líderes del Frente Amplio (Z. Michelini) y del sector reformista del Partido Nacional, a los que se agregaron los representantes de las fracciones centristas del batllismo106.

Tres características fundamentales definieron la acción del régimen militar (cuyas etapas no es posible analizar en este texto). Ellas son:

a) La destrucción sistemática de todos los ámbitos que rodeaban al Estado, o que se desarrollaban en forma autónoma y que efectiva o eventualmente pudieran disputar cuotas de poder, de información y de formulación cultural, al igual que la intervención o mediatización de todos los organismos intermedios de la sociedad que, independientemente de sus objetivos pudieran constituir un espacio de refugio de los perseguidos o excluidos por el poder107 .

b) El establecimiento del miedo como variable fundamental del control social (OEA). Más de 6.000 personas fueron procesadas por la llamada justicia militar, y el número de las detenidas, maltratadas o torturadas, se estima en 80.000108. Entre los años 1971 y 1975 abandonaron el Uruguay cerca de 150.000 personas — es decir más del 5 % de su población. Emigraron algunos por razones directamente políticas, y la mayoría porque lo que los retenía (a pesar de las privaciones económicas) era una sociedad de convivencia y garantías, y ésta había dejado de existir.

105 En febrero de 1973, la armada se proclamó defensora de las instituciones, mientras el ejército difundía unos comunicados que incluían todo tipo de objetivos, entre los cuales se destacaron aquellos de modernización económica, protección social y defensa del poder adquisitivo a todos los niveles, que llevaron a suponer en ciertos sectores políticos, incluyendo al Partido Comunista, que podría tratarse de un golpe "peruanista".

106 En octubre de 1972 el líder de la fracción batllista fue detenido por las Fuerzas Armadas, acusado de presuntos delitos económicos, lo que motivó la separación del gobierno de los ministros de ese sector. Quedaron como único apoyo del gobierno la fracción herrero-ruralista del Partido Nacional y la comandada por Pacheco en el Partido Colorado.

107 Entre las medidas pueden citarse la disolución del parlamento (27-6-73); la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores (30-6-73); la disolución de algunos partidos políticos (26-11-73) y la prohibición de actividades políticas del resto; la intervención de todos los entes y organismos del Estado; la intervención de la Universidad y el arresto de su Consejo Directivo; la movilidad de los funcionarios públicos; la destitución de todos los sindicatos como contrarios al régimen; la creación de tres categorías de ciudadanos, que iban desde la peligrosidad política a la adhesión al régimen; la supresión de prácticamente todas las publicaciones; la exclusión de personas en directivas de organismos deportivos y culturales; la exigencia a las empresas de destituir funcionarios y obreros sindicados como de peligrosidad política potencial; la eliminación del carácter de poder autónomo de la justicia y sustitución de jueces, etcétera.

108 Debe relacionarse la cifra con la población entre 20 y 59 años, que en 1975 era de un millón cuatrocientos mil, y en especial con la del mismo tramo de edad en Montevideo —aproximadamente 650 mil— ya que fue la más afectada por los métodos represivos.

c) La progresiva represión implica que, en realidad, el golpe militar se desarrolló entre 1972 y 1977. Sin intentar un orden cronológico, basta señalar que los tupamaros fueron destruidos en 1972; el parlamento, las organizaciones sindicales y los partidos fueron disueltos y la educación, incluyendo la Universidad, fue intervenida y puesta bajo control militar y de los grupos de extrema derecha, en 1973; la represión contra el Partido Comunista se realizó en 1975, y aún en 1977 se detenía y procesaba a militantes de los Grupos de Acción Unificada (GAU).

Las incertidumbres ante la orientación de las Fuerzas Armadas, que tuvieron inicialmente las organizaciones políticas y sindicales, desaparecieron en junio de 1973, y el movimiento sindical enfrentó el golpe con la ocupación de fábricas y lugares de trabajo.

El Frente Amplio y las corrientes democráticas, por su parte, organizaron en julio una gran manifestación popular rigurosamente reprimida. En ese mismo momento se detuvo a L. Seregni y a otros militares retirados que lo acompañaban; luego éste, con parlamentarios y dirigentes socialistas, comunistas y sindicales, permaneció en la cárcel hasta 1984, mientras que otros líderes frentistas y nacionalistas debieron abandonar el país para no ser encarcelados o muertos. En 1976 fueron asesinados en Buenos Aires los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz (del Frente Amplio y de la corriente reformista del Partido Nacional, respectivamente), ambos activos militantes contra la dictadura y símbolos de la resistencia democrática.

Aunque las encuestas de opinión montevideanas en el período 1968-1972 revelaron una adhesión "al gobierno democrático, aún con desorden", de más del 70% de la población (J. Rial, 1984, II), es posible que el golpe haya contado con un apoyo considerable entre la población del interior del país, desinformada y conservadora los sectores de la tercera edad de la capital; los sectores de actividad independiente; los subproletarios y parte de los obreros y de los empleados, fatigados de agitación y de direcciones sindicales progresivamente politizadas. Por supuesto, también tuvo apoyo entre sectores empresariales109.

Lo anterior deja sin responder ciertas preguntas: ¿cómo fueron percibidos los militares por la sociedad uruguaya? ¿Qué discurso formularon? ¿Cómo se explica un deterioro continuo de las relaciones entre poder y sociedad? Las respuestas son difíciles de formular. El ejercicio autoritario del poder creó un silencio forzado de la sociedad, y la autoridad no se interesó por evaluar los cambios sociales. Como ya se dijo, las fuerzas armadas accedieron al poder luego de un largo ciclo de conflictos sociales, de irregularidad en el funcionamiento de los servicios estatales y de guerrilla urbana. Mientras unos, esperanzados, aguardaban la caída del sistema, los más habían evolucionado lentamente de la sorpresa a la fatiga y al temor ante la inseguridad cotidiana. Acciones guerrilleras y represión militar y policial, allanamientos, huelgas y barricadas; presos, torturas y muertes, crearon una angustia colectiva que en amplios sectores de la población se traducía en una aspiración a que finalizara la pesadilla.

El Estado tuvo históricamente legitimidad en el uso de la coerción, y si bien sus fundamentos se erosionaban rápidamente, sería difícil asegurar que no seguían siendo importantes para la mayoría de la población. El poder legislativo, libremente elegido, había dado potestades a las fuerzas armadas para desarticular la acción subversiva. Por su parte, los militares, aunque no tenían un status considerable, habían cumplido en el pasado un papel constitucional, habían estado excluidos de la política y tenían condiciones de vida relativamente modestas: todo ello les deparaba una consideración colectiva nada desdeñable cuando de lo que se trataba era evitar el colapso.

109 Ante la pregunta "si se dieran circunstancias similares a las que ocurrieron en 1973, ¿usted cree que estaría bien que los militares volvieran a dar un nuevo golpe de estado?" en abril de 1985 en la población de Montevideo, los porcentajes de rechazo a un nuevo golpe fueron: directivos y técnicos, 92 %; estudiantes, 97 %; obreros, 83 °/o; empleados, 79 %; desocupados, 79 % y amas de casa y jubilados, 69 % (Equipos, Informe Mensual No 4, 1985).

Bajo una vigencia institucional formal — con desbordes y violaciones de los derechos humanos— desarticularon el accionar tupamaro en 1972. A partir de entonces, se presentaron a sí mismos como los hacedores del orden y de la "purificación" de la sociedad. El papel "mesiánico" que se atribuyeron se oponía a la tradición participativa y a los valores del sistema, ya afectados por la desagregación de la sociedad; por otra parte, el papel mesiánico tenía un camino ya recorrido por la actividad tupamara.

Seguramente fue muy limitada la proporción de la población que compartió el discurso de la guerra y de la seguridad interior; éste, en una sociedad de escala tan pequeña y tan comunicada, asumía el carácter de atrocidades personalizadas. Sin embargo, el discurso del orden tuvo un espacio social para su desarrollo, más aún cuando se mantenía una parte del sistema institucional, el poder ejecutivo, ahora como instaurador del "orden". El discurso no incorporó un proyecto para el período posterior a la etapa restauradora. La destrucción institucional y la violación de los derechos humanos se hicieron en nombre de la "democracia" — purificada mediante la persecución de subversivos, marxistas, corruptos y afines— sin sustituir ese discurso por otro portador de una concepción autocrática del orden social. Más aún, muchos grupos consideraron — algunos dramáticamente equivocados— que la represión no iba a llegar a ellos o que los métodos aplicados a los tupamaros no se repetirían en otros casos. Las expectativas diversas sobre lo que se proponían los militares — acentuadas por el accionar inicialmente divergente de sus cuadros— alimentaron también creencias en cambios de orientación, las que incluían esperanzas de restablecimiento democrático.

En ese sentido, el discurso militar no contuvo elementos para dinamizar la sociedad en torno a objetivos (la excluyeron en forma radical de toda participación). Por otra parte, la presencia en el poder de un actor prácticamente desconocido, con planteamientos ideológicos poco elaborados y reiterativos del orden, carente de figuras caudillistas, con actitudes divergentes de sus distintos mandos, creó inicialmente un desconcierto en la sociedad, y con ello el poder ganó un tiempo de consolidación. Sin embargo, éste se transmutó progresivamente en un tiempo de deterioro y resentimiento, en la medida en que las historias de familias afectadas por la represión — cuya gratuidad y sofisticación dejó atónita a la sociedad— se extendían a través de la tejida malla de relaciones personales. El miedo permitió controlar la sociedad pero también fue superado, y en su lugar la conciencia de sociedad humillada y deseosa de recuperar la dignidad empezó a definir la conciencia colectiva antes de que hubieran pasado cinco años del golpe. (… ).

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Crisis

I. (B) Las explicaciones de la crisis sistematizadas en los años ’80 y ’90.